La AFIP estimó cuántas personas físicas deberían pagar el aporte solidario según la base del impuesto sobre los Bienes Personales, pero dado que “no todos los contribuyentes presentaron en tiempo y forma sus declaraciones juradas“, se realizó una actualización del patrimonio declarado en años anteriores para tener un cálculo más acabado.

Así, se concluyó que el universo potencial total es de 9.298 contribuyentes, de los cuales 7.438 declararon bienes por más de $200 millones -el piso establecido en el proyecto-, y los 1.860 restantes todavía no presentaron su declaración jurada, pero según el patrimonio informado en años anteriores, se verían alcanzados.

Un dato saliente es que los 7.438 individuos que, ya se sabe, serán aportantes, son el equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron sus declaraciones juradas y al 0,02% de la población total de la Argentina.

Deberán pagar este “aporte” único quienes declararon una riqueza superior a los $ 200 millones. Inicialmente el proyecto marcaba que sería sobre los bienes declarados a fines de 2019, pero el dictamen firmado en comisión aclara que sería sobre los bienes “existentes a la fecha de entrada en vigencia” de la ley.

Comenzaría con una alícuota del 2% que se incrementaría a partir de que el patrimonio sea mayor, con un máximo del 3,5% que pagarían aquellos que tengan declarados $ 3.000 millones o más

Impuesto a la Riqueza: a cuántas personas alcanza

Según el documento que presentó el oficialismo, por los bienes que las personas alcanzadas tengan en el exterior deberían pagar unas alícuotas un 50% más grandes (es decir, con un mínimo de 3% y un máximo de 5,25%). Si un 30% o más de los fondos en el exterior son repatriados en los primeros 60 días desde que entre en vigencia la ley, se eliminará este diferencial.

La AFIP sería el organismo encargado de dictar las normas complementarias a la ley y de la recaudación, que se espera ronde los $ 300 mil millones (cerca de US$ 4 mil millones) Este monto tendrá una afectación específica, por lo que no sería un impuesto coparticipable.

Según el proyecto, lo recaudado se destinará de la siguiente manera: un 25% para programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural; un 20% a comprar equipamientos de salud para atender la pandemia; un 20% a apoyar a PyMEs con subsidios y créditos; un 20% para financiar un relanzamiento del plan Progresar destinado a jóvenes estudiantes; y un 15% para urbanizar barrios populares (en donde trabajarán los vecinos y vecinas de cada barrio).

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