CRECE LA VIOLENCIA CONTRA LOS DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE

Este 2 de marzo se cumplen 5 años del asesinato de Berta Cáceres, un ícono de la defensa del medio ambiente en América Latina. La muerte de esta dirigente social nos muestra de lleno el poder de las grandes empresas en complicidad con el Estado. Cáceres organizó la oposición de las comunidades locales hondureñas al proyecto hidroeléctrico que impulsaba la empresa Desarrollos Energéticos (DESA). Su muerte dio paso a un juicio donde se lograron grandes avances en la condena de los responsables materiales, aunque continua la investigación sobre los autores intelectuales entre quienes se encuentran directivos de DESA, funcionarios del gobierno hondureño y militares.

Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas en Honduras (COPINH) se convocó a un twittazo con #5AñosJuntoaBerta para seguir pidiendo justicia. Este aniversario si bien marcó un punto de inflexión, no pudo detener la oleada de violencia que continua en América Latina contra les defensores del medio ambiente.

La defensa del medio ambiente ha signado gran parte de los debates políticos a nivel mundial desde el comienzo del siglo XXI. Al mismo tiempo que esta agenda toma cada vez más relevancia, se da un fenómeno paralelo: el aumento de la violencia sobre los líderes ambientales, sobre todo en América Latina. Sobre esto dialogamos con Cecilia Saenz, Licenciada en Ecoturismo y actualmente maestranda en Sociología Política Internacional en la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Dinámicas socio ambientales y violencia

Sáenz considera que hay tendencias que marcan las dinámicas socio ambientales y, sobre esto, nos explica que, “si bien los países a nivel mundial han firmado acuerdos internacionales para la protección de los recursos ambientales, estos acuerdos no han sido suficientes. Ha pesado mucho más la actividad humana basada en un sistema que prioriza la extracción y la presión sobre los ecosistemas para mantener los niveles de vida. Digamos que, en nombre del desarrollo, se ha puesto a la explotación de los recursos naturales como una prioridad”.

Según Sáenz, algunas de las causas que determinan estos conflictos se pueden sintetizar en “la agricultura insostenible, la deforestación, el tráfico ilegal de especies y la construcción de mega proyectos de infraestructura (petroleros, mineros). Toda esta presión que existe sobre los ecosistemas hace que comiencen a surgir conflictos. Además, comienza a darse una toma de conciencia sobre los temas ambientales en las comunidades locales e indígenas debido a la destrucción de sus sistemas de supervivencia. Y este problema surge en nombre del desarrollo, porque todos esos proyectos están dados en nombre del progreso. En este sentido, en las últimas décadas las organizaciones sociales y ambientalistas han tomado fuerza, las agrupaciones indígenas también y han sido visibles incluso a nivel internacional. Por ejemplo, los líderes indígenas están participando de los congresos internacionales. Esto ha hecho visible la defensa de los recursos naturales”.

El fenómeno de la violencia socio ambiental en América Latina no ha comenzado con el caso de Berta Cáceres, pero ha recrudecido con los años. Nos cuenta Sáenz que “La organización Global Witness menciona que en 2019 murieron 212 personas defensores del medio ambiente, un promedio de más de 4 personas por semana. Fue, sin duda, el año más violento por estas causas. La mitad de los asesinatos reportados ese mismo año pertenecen a dos países: Colombia y Filipinas. Sin embargo, aquí no estamos contando los asesinatos de líderes sociales porque en este caso la cifra asciende muchísimo más”.

El rol de los Estados

Los Estados en América Latina han resultado bastante pasivos en su lucha contra este tipo de violencia. Sin embargo, Sáenz nos explica que el Acuerdo de Escazú firmado en Costa Rica en 2018 compromete a los actores estatales sobre el acceso a la información medioambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, una pieza fundamental para atender a esta problemática. No obstante, ni siquiera las gobiernos progresistas han podido avanzar en este tema. De hecho, podemos observar contradicciones ya que, según Sáenz “si bien el progresismo ha hecho que la inversión social sea muy fuerte, el costo de esta inversión tiene que ver con la explotación de los recursos naturales. Paradójicamente, en las décadas que gobernaron los progresismos fueron momentos de mayor conflictividad ambiental. No quisiera decir que está estrechamente relacionado, pero hay un vínculo entre ambos fenómenos”.

Así como el desarrollo capitalista sigue presionando al medio ambiente, las exigencias de las grandes empresas limitan el accionar de los gobiernos. Este poder invisible, el de las grandes corporaciones, llega hasta límites extremos como el asesinato de dirigentes ambientales. Por esto, este 2 de marzo recordemos a Berta Cáceres, no sólo por su lucha en Honduras, sino también como una defensora de la vida de toda América Latina.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *