Se trata de la cuarta prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena que vence el mes próximo y prohíbe el desalojo de las comunidades, al tiempo que pedirán más recursos presupuestarios para implementar esa norma.

Representantes de pueblos originarios, organizaciones de la sociedad civil y diputados informaron que impulsarán un conjunto de acciones para lograr la cuarta prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena que vence el mes próximo y prohíbe el desalojo de las comunidades, al tiempo que pedirán más recursos presupuestarios para implementar esa norma.

“El gobierno provincial siempre ha tenido una actitud de obstrucción de derechos no solo con esta ley sino con otras menos complicadas como la Ley de Educación intercultural Bilingüe, o en casos que traen situaciones de tensión, órdenes de desalojo y funcionarios judiciales que desconocen la ley”, sostuvo Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.

Esa organización fue una de las que se movilizó al Congreso el 6 de octubre detrás de una bandera del ancho de la Avenida de Mayo con la consigna “Prórroga y presupuesto necesario de la Ley 26.160 ya”.

En tanto, este martes comunidades y organizaciones indígenas realizaron un “abrazo” al Congreso y entregaron un documento con las conclusiones de charlas y debates que incluyó el tema de esta ley y la descolonización, en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

La Directora Adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, expresó a esta agencia que se trata de “una ley histórica” porque “por primera vez el Estado asume la responsabilidad de llevar adelante un relevamiento para conocer en donde viven las comunidades originarias en el país, y cuál es el reclamo por sus territorios”. Sin embargo, “a 15 años de su aprobación, más de la mitad de las comunidades aún no cuentan con el relevamiento culminado”, agregó.

Ese relevamiento “técnico-jurídico-catastral” mencionado en la norma es para determinar “la situación dominial de las tierras” en zonas clave del territorio nacional. Según datos del INAI, de las 1.760 comunidades indígenas registradas en el país solo 745 cuentan con el relevamiento culminado. Es decir que, resta más del 57% de las comunidades.

Sobre ese punto, Lefxaru Nawel aseguró: “Los intereses económicos que representan quienes están en el gobierno provincial desde hace más de 60 años” explican el por qué esta ley “no se aplica” en Neuquén.

El Director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, Juan Manuel Salgado, desde Chubut dijo a Télam que “la gran cantidad de conflictos que existe en la Patagonia tienen que ver con el incumplimiento de esta ley” y afirmó que “lo que queda por relevar son las partes más conflictivas” por ese motivo “todas las provincias que tienen una presencia indígena están atrasadas con el relevamiento”.

Salgado cree que “si no se prorroga” la Emergencia Territorial Indígena “va a haber un incendio porque hay muchas sentencias” que están en suspenso “hasta que se realice relevamiento”.

Para avanzar con el censo remarcaron la necesidad de tener financiamiento adecuado para que el INAI complete la tarea.

Los referentes de pueblos originarios plantean que para solucionar el problema de fondo es necesaria una ley de propiedad comunitaria indígena, que permita obtener los títulos de propiedad de los territorios relevados.

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